aborto: El Foro de la Familia critica ausencia de información sobre riesgos
Denuncian el Real Decreto que regula el aborto, al considerar que beneficia a las personas que abortan frente al resto de usuarios del sistema sanitario.
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| La mujer tiene derecho a informarse sobre los riesgos del aborto y las alternativas existentes. |
Madrid. El Foro de la Familia ha criticado "la ausencia de una regulación sobre el derecho de la mujer a informarse de los riesgos del aborto y de las alternativas existentes", y denunció que el Real Decreto que regula esta práctica "genera injusticias, beneficiando a las personas que abortan frente al resto de usuarios del sistema de salud, en aspectos, como la protección de la intimidad".
Según informa el foro en un comunicado, estas reclamaciones forman parte del conjunto de alegaciones presentadas ante el Consejo de Estado, con las que la organización denuncia el poder del lobby abortista "obsesionado con lograr la impunidad jurídica y garantizar los ingresos del negocio, frente a la indecisión que el Gobierno en la materia".
En este sentido, el texto remitido al Consejo denuncia que el proyecto de Real Decreto "no justifica de ninguna manera la necesidad y constitucionalidad de regular de manera distinta la protección a la intimidad que merece el colectivo abortista respecto al resto de los usuarios de los servicios públicos de salud". Además, recuerda que los derechos constitucionales "deben tener un rango de protección igualitario, sin que sea admisible la discriminación positiva de algún sector".
Delito tipificado en el Código Penal
En esta línea, la organización recuerda que en España el aborto "sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal", a pesar de que el Artículo 2.1 del Real Decreto "insiste en considerarlo de forma incorrecta como un derecho". Por este motivo, el foro rechaza una regulación distinta de la general existente en España para la prestación de servicios sanitarios de medios concertados por parte del Sistema de Salud".
Finalmente, el foro afirma que el Real Decreto "resulta confuso y genera fraudes eventuales", como "el apoderamiento de los centros privados acreditados para la práctica del aborto, a fin de que gestionen ellos mismos el reintegro por parte de la Administración de los costes de la intervención".
(Ep)
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Rodrigo González Fernández
DIOPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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