Múgica dice que lo "lógico" y lo "razonable" es que los padres sean informados
Pese a defender el anteproyecto del Gobierno socialista -"es necesaria una ley a plazos"-, Enrique Múgica se ha postulado en contra de uno de sus puntos más polémicos y señaló que "lo lógico" y lo "razonable" es que los padres sean informados cuando sus hijas quieran abortar.
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Así lo afirmó Múgica durante la firma de un convenio de colaboración con el Comité Español de UNICEF para la realización de un estudio sobre las opiniones de los niños españoles respecto al respeto de sus derechos fundamentales en televisión e Internet en la sede del Defensor del Pueblo.
Preguntado por el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto hecho público el miércoles, el Defensor del Público señaló que "hace falta una ley de plazos", pero se mostró partidario de que las adolescentes que vayan a abortar "hablen con sus padres, que le van a ayudar en todo lo posible".
"Privar a sus padres de tener la información de las hijas no me parece conveniente ni me parece razonable", subrayó Múgica, que insistió en que "en el supuesto de que haya una necesidad tan seria" de abortar "es la madre la que tiene que decidir", no es "conveniente" decir que "no hace falta que los padres lo sepan".
Además, Múgica afirmó que "lo primero que hace falta es una educación a la que está en esa situación porque el aborto es siempre indeseable". "Creo que los que abortan no abortan porque quieran aborta", opinó el Defensor del Pueblo, quien pidió que se garantice "la educación y la atención a la futura madre".
La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó, por tres votos a favor y dos en contra, el dictamen que considera constitucional el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por el Gobierno y recomienda que los padres sean informados cuando sus hijas menores de edad soliciten abortar, aunque no sea necesario su consentimiento.
Según informaron a Europa Press fuentes del Consejo, el informe, preceptivo pero no vinculante, ha sufrido algunas modificaciones de "carácter técnico" respecto al original presentado por la ponente, Margarita Uría. El texto será debatido el próximo 23 de julio en el pleno del CGPJ, en el que podría sufrir de nuevo algún cambio o incluso ser rechazado.
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Rodrigo González Fernández
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