¡Basta de cinismo!
Por Sol Bajar y Sofía Cataglia |
Tras la obligada reapertura del debate sobre el derecho al aborto –provocada por el escandaloso caso de la niña mendocina abusada a quien se le impidió la realización de un aborto terapéutico-, diputados oficialistas presentaron un proyecto de modificación del artículo 86 del Código Penal. Este artículo es el que instituye cuáles son los casos de aborto no punible y los diputados sostienen que hay que reformularlo para "evitar interpretaciones restrictivas y la intervención innecesaria de comités de bioética." Algo bastante cínico, cuando se da después del escándalo en el que la justicia, el Ministerio de Salud de la Nación y un comité de bioética totalmente adscripto al gobierno de Mendoza y a la Iglesia, impidieron justamente una intervención de este tipo que hubiera paliado mínimamente el sufrimiento de la niña ultrajada.
Pero el proyecto, que sólo sirve para ratificar lo que ya está en la ley desde principios del siglo XX, es decir, en qué casos el aborto no está penalizado, está lejos de aprobarse porque sobran los diputados –oficialistas y no- que se oponen a su tratamiento.
Mientras tanto, el caso de la niña mendocina de 12 años muestra con claridad que médicos, funcionarios, fundamentalistas ultrarreaccionarios y jueces hacen causa común con Cristina Kirchner y su ministra de Salud, Graciela Ocaña: se niegan a interrumpir el embarazo, avalan las acciones terroristas de los grupos fundamentalistas, condenan a la madre quitándole la tutela de su hija y no paran hasta lograr que, bajo tanto amedrentamiento y presiones, la niña diga que "quiere ser madre". Simultáneamente, en Bahía Blanca, una joven discapacitada de 18 años, también violada por varios familiares, espera que decidan por ella. Vive en el Patronato de la Infancia y aunque contó a las autoridades qué pasaba cuando visitaba a su familia, cayó sobre ella la misma condena: hace semanas que espera la respuesta de la justicia al pedido de interrupción del embarazo.
Atrás quedó el doble discurso del gobierno de Néstor Kirchner, con el ministro Ginés González García hablando a favor de la despenalización, mientras al Vaticano se le garantizaba que no legalizarían el aborto en Argentina. Apenas Cristina nombró a su propio gabinete, la ministra de Salud declaró que "el aborto es política criminal", oponiéndose también a la aplicación de la "guía de atención integral de abortos no punibles", además de obstruir la distribución gratuita de anticonceptivos.
El proyecto presentado actualmente no sólo es puro cinismo, porque no avanza un solo paso en la despenalización, silenciando la muerte de más de 500 mujeres, cada año, por las consecuencias del aborto clandestino, sino también porque mantiene la impunidad para los funcionarios públicos, jueces, médicos y grupos fundamentalistas que siguen interponiéndose en nuestras vidas, con fallos, declaraciones, amenazas de bomba y otras formas de agresión, sin recibir condena alguna. Mientras tanto, las mujeres que han sido violadas y quedaron embarazadas como consecuencia de ese brutal ultraje, deben ser quienes aporten las pruebas de su calvario para que se acceda a practicarles un aborto no punible. ¡Esa es la verdadera política criminal! La que obliga a miles de mujeres a interrumpir un embarazo no deseado en las condiciones más escalofriantes, cuando no pueden pagar una clínica privada.
El derecho al aborto legal, seguro y gratuito tiene que ser un derecho que el Estado garantice a todas las mujeres, en hospitales públicos y con personal idóneo. Pero ni el gobierno ni la oposición sojera y clerical están dispuestos no sólo a terminar con las muertes por aborto clandestino, sino ni siquiera a separar la Iglesia del Estado, institución reaccionaria que se atribuye la decisión sobre nuestras vidas cuando su historia está llena de muertes, torturas, abusos y violaciones de menores. ¡Tenemos que ser miles las que nos organicemos de manera independiente del gobierno y los partidos patronales, para conquistar nuestro derecho a una educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre y gratuito para no morir!
El lunes 29 de septiembre te invitamos a marchar con Pan y Rosas para decir: ¡ni una muerta más por aborto clandestino!
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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En la Revista Contraception -una de las más importantes del mundo en el tema- se publica la carta enviada por los Dres. Patricio Ventura, Mauricio Bescio y Manuel Santos sobre el estudio de Novikova et al. que fuera difundido por los Dres. Crozatto y Zegers como el último estudio que demostraría que la píldora no tiene un efecto antimplantatorio.
De este modo, se confirma lo que los Dres Ventura, Bescio y Santos sostuvieron en el informe enviado por la P. Universidad Católica al Tribunal Constitucional y lo que ellos han sostenido públicamente, en el sentido de que el efecto antiimplantatorio de la píldora -y por ende abortivo- no ha sido descartado por estudio científico alguno.