Marcelo Pinto
El tintineo de una campanilla marcó, minutos antes de las 23:00 horas de ayer, el término de la sesión en que una comisión mixta, integrada por senadores y diputados, aprobó el proyecto de ley contra la discriminación.
De esta manera, la iniciativa, cuya tramitación en el Congreso se prolonga por más de 7 años, quedó virtualmente lista para convertirse en ley.
"El Gobierno se siente satisfecho con la aprobación en la comisión mixta, que, por mayoría en algunos casos y en otros por unanimidad, respaldó las materias que el Ejecutivo quería introducir al proyecto", dijo anoche el ministro de la Segegob, Andrés Chadwick.
La instancia, encabezada por el senador Hernán Larraín (UDI), aprobó la propuesta al término de dos sesiones sucesivas que se extendieron por más de 6 horas.
El ministro vocero aclaró que no se enviarán al Congreso los vetos comprometidos por La Moneda hace unas semanas, pues los puntos controversiales fueron zanjados en la comisión mixta.
"Las materias de los eventuales vetos fueron recogidas como indicaciones. Por lo tanto, se cumplió el objetivo sustancial de ellos", explicó.
Así, se incorporó en el proyecto el deber del Estado de garantizar, sin discriminación, el ejercicio de los derechos y libertades consagrados en la Constitución. En segundo término, se eliminó un inciso de la propuesta original que relacionaba ciertos delitos con la condición sexual. Y se estableció como un agravante el hecho de que la orientación sexual, la raza u otro factor similar motiven la comisión de un delito.
"Se aprobó la supremacía de las garantías constitucionales para resguardar el derecho de la libertad de enseñanza, de culto y otros, eliminándose la expresión 'siempre' para que no queden dudas de la debida ponderación judicial", detalló Chadwick, sobre el último punto modificado.
La diputada María Antoneita Saa (PPD), integrante de la comisión mixta, valoró la aprobación del proyecto, pero lamentó que no se hayan introducido cambios más profundos.
"No logramos ingresar los términos de la acción positiva, una política general que indicara que podían promoverse políticas públicas (en favor de ciertas minorías)", ejemplificó la legisladora.
Otro miembro de la instancia, el senador Alberto Espina (RN), subrayó la importancia de que se haya establecido la agravante en los delitos motivados por actos discriminatorios: "Es una señal muy potente, va a significar que el juez deberá aplicar el grado más alto de la pena".
Rolando Jiménez, líder del Movimiento de Liberación Homosexual, en tanto, consideró que la propuesta aprobada permitirá seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las minorías: "No es la ley que hubiésemos querido, pero es el primer piso de una construcción".
Saludos
Rodrigo González Fernández
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